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viernes, 11 de marzo de 2016cermi.es semanal Nº 204

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

El sector catalán de la discapacidad pide al Govern que el apoyo al colectivo sea una prioridad esta legislatura

07/03/2016

El COCARMI ha pedido a la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, que las políticas destinadas a las personas con discapacidad sean una prioridad de su consejería esta legislatura.

El sector catalán de la discapacidad pide al Govern que el apoyo al colectivo sea una prioridad esta legislaturaEn una reunión en la que han participado representantes de las 10 principales federaciones del colectivo de la discapacidad en Catalunya, el Comité ha expresado a la consejera su malestar porque no destacó ninguna política para personas con discapacidad durante su comparecencia, la semana pasada, ante la Comisión de Asuntos Sociales y Familias del Parlament de Catalunya para hablar los objetivos y actuaciones de su departamento.
 
"Nos preocupa que Dolors Bassa no hablara en ningún momento de las personas con discapacidad, cuando somos un colectivo formado por más de 500.000 personas y en los últimos años hemos sufrido de manera sangrienta los efectos de la crisis y los recortes del presupuesto público", declaró el presidente del Comité, Antonio Guillén.
 
Por este motivo, el Comité, que representa más de 700 entidades catalanas, le ha trasladado sus prioridades para los próximos cuatro años, de entre las cuales figura la convocatoria urgente del Consejo de la Discapacidad de Catalunya (CODISCAT), aprobado hace más de un año. Este organismo debe ser un punto de encuentro de reconstrucción de los derechos de las personas con discapacidad y sus necesidades.
 
Para el COCARMI es igualmente prioritario, entre otras cosas, aprobar una Ley Catalana de Derechos de las Personas con Discapacidad; revisar el actual modelo de copago de servicios para que sea más justo y equitativo; aumentar las partidas presupuestarias a ayudas técnicas que faciliten la autonomía personal; y revisar el catálogo de ayudas.
 
En materia de inserción laboral, el Comité pide el cumplimiento de la ley que obliga a las empresas a reservar el 2 por ciento de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, así como destinar más recursos para políticas activas de empleo y para fomentar la inserción de las personas con discapacidad tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de trabajo (CET).
 
En el campo de la accesibilidad, el Comité insiste en desarrollar la Ley de Accesibilidad, ya que se agota el plazo para aprobar su reglamento. Asimismo, propone crear un Fondo Catalán para la Promoción de la Accesibilidad y recuerda que es fundamental asegurar la financiación de los servicios y las entidades de personas con discapacidad.
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